|
POR CLAUDIA LÓPEZ
Los
gobernantes entienden por gobernabilidad tener
mayorías para sacar adelante sus propuestas.
Que el Presidente tiene mayoría en la
opinión pública no tiene duda.
Lo ratifica el 82 por ciento de popularidad
que mantiene. En el Congreso, en cambio, el
uribismo sólo tiene mayorías absolutas
si se conservan las curules de los 'parapolíticos';
en otras palabras, la gobernabilidad del uribismo
depende de las cuotas del paramilitarismo.
|
|
Ante esa evidencia, el Presidente prefirió
mantener sus mayorías parauribistas a reconocer
los costos propios y públicos que esa gobernabilidad
implica. La mejor evidencia de tal decisión
fue el cambio de posición del Gobierno sobre
la reforma política. Si la silla vacía
se aplicaba desde el momento en que el congresista
investigado por 'parapolítica' era capturado,
el Gobierno perdía mayorías absolutas
este mismo año. Cuando cayó en cuenta
de ello, se corrió de la silla vacía
inmediata y dijo que, por razones legales, sólo
debería aplicarse desde la sentencia, más
o menos en 10 años. Cuando la Cámara
aprobó la reforma con la silla vacía
inmediata, en contravía de la directriz del
Presidente, por miedo a que la opinión pública
se inclinara por cerrar el Congreso si no la aprobaban,
el Comisionado salió a proponer la disolución
de los partidos uribistas.
Esa propuesta de desmovilización
tardía pone también de presente que
el Comisionado Restrepo no disolvió antes la
estructura política del paramilitarismo porque
se necesitaba para la gobernabilidad del Presidente.
Ahora que la 'parapolítica' resquebraja ese
matrimonio y lo hace costoso, Restrepo propone la
disolución de los partidos uribistas. Pero,
en el fondo, la estrategia de gobernabilidad parauribista
sigue siendo la misma: discursear contra la politiquería,
gobernar con la 'parapolítica' y proteger la
imagen del Presidente haciéndolo parecer distante
de ambas.
Esa receta de gobernabilidad le sale
barata a Uribe y cara a los colombianos. El nombramiento
de cuotas de los partidos que ahora quieren disolver
ha sido uno de los costos. No sobra recordar lo que
algunas de esas cuotas lograron. En el Incoder terminaron
robándoles tierra a campesinos y titulándosela
a testaferros de narcotraficantes y paramilitares.
En Finagro financiaron proyectos de palma en tierras
robadas por paramilitares a comunidades afrodescendientes.
En el DAS se borraban datos de narcotraficantes y
se les anunciaban los operativos en su contra para
que pudieran huir, y se filtraban listas de dirigentes
sociales y sindicalistas a los paramilitares. Muchos
de los campesinos y afros de las tierras robadas,
unas tituladas por el Incoder y otras financiadas
por Finagro, y los dirigentes y sindicalistas de las
listas del DAS terminaron asesinados.
La gobernabilidad por vía del
clientelismo tradicional costaba nombramientos que
terminaban en la baja calidad de los servicios del
Estado y el robo de recursos públicos; por
la vía de la 'Yidispolítica' cuesta,
además, jugosos pagos en efectivo; y por la
vía de la 'parapolítica' cuesta hasta
la vida. La factura del clientelismo y el parauribismo
no la paga el Presidente, que sigue gozando de excelente
imagen, sino los colombianos, especialmente los más
pobres, a los que más engañan, roban
y hasta matan y los que más dependen del Estado.
Los cheques para Teodolindo no salieron
del bolsillo del ministro Sabas ni de la cuenta personal
del presidente Uribe, sino de los bolsillos de todos
los colombianos. Y los asesinados por las listas del
DAS no eran delincuentes, sino colombianos decentes,
que se oponían al paramilitarismo y al parauribismo.
Eso les costó la vida.
¿Por qué el Presidente más popular
de la historia de Colombia insiste en mantener su
gobernabilidad con cuotas de narcotraficantes y paramilitares?
¿Cuánto más, señor Presidente,
tenemos que pagar los colombianos por mantener su
gobernabilidad y asegurar su segunda reelección?
El Tiempo, Bogotá, 13 de mayo
de 2008.
