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POR CLARA E. LÓPEZ
OBREGÓN*
Bogotá
ejecuta la política de seguridad y
convivencia ciudadana construida de manera
progresiva por sucesivas administraciones,
que recoge criterios de sostenibilidad financiera,
equipamientos urbanos, promoción de
cultura ciudadana, inversión e inclusión
social, ahora enriquecida con la perspectiva
de derechos del Plan de Desarrollo 'Bogotá
Positiva para Vivir Mejor'. Para promover
condiciones de seguridad humana, el gobierno
de la ciudad garantiza, entre otros derechos,
el acceso universal gratuito a la educación
pública y a los comedores comunitarios
y servicios de salud para los más vulnerables.
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Esta política, no de gobierno
sino de ciudad, ubica a Bogotá -sólidamente-
como la urbe más segura del país y
entre las más seguras del continente latinoamericano.
Como lo reseñara recientemente un editorial
de EL TIEMPO, Bogotá ha podido controlar
sus índices de criminalidad, cuando otras
capitales, como Medellín, Cali y Pereira,
enfrentan serias dificultades.
Reconocer, como lo evidencia la encuesta
de la Cámara de Comercio, que el ciclo económico
influye en la sensación de inseguridad no
implica que las autoridades distritales, ni su Policía,
tengan una actitud contemplativa frente al delito.
Todo lo contrario. Consecuentes con los retos que
imponen los efectos de la desmovilización
de las Auc con sus secuelas de bandas emergentes,
del arribo de 52 familias diarias desplazadas por
el conflicto armado, el despojo de tierras y la
pobreza y del creciente desempleo urbano motivado
por la recesión económica, los esfuerzos
se han intensificado y tecnificado.
Con el apoyo de 475 patrullas policiales,
757 motos, equipos de videovigilancia, inteligencia
y comunicaciones, para mencionar los entregados
durante el mandato de Samuel Moreno, nuestra Policía
ha realizado a la fecha 25.453 capturas, desarticulado
197 bandas delictivas e incautado 62.610 armas blancas
y 2.466 de fuego, a las que se suman 375 entregadas
voluntariamente en las campañas de desarme.
En la estrategia integral para combatir el microtráfico,
liderada desde el Consejo de Seguridad por el Alcalde
Mayor, los resultados también son significativos:
4.120 capturas, más de 4 millones de dosis
personales incautadas, 24 extinciones de dominio
ejecutadas y 70 solicitudes de extinción
de dominio radicadas en la Fiscalía.
Es necesario recordar que Bogotá
no ha tenido un aumento de pie de fuerza profesional
desde el 2002. Hoy cuenta con apenas un policía
por cada 447 habitantes, frente al promedio nacional
de 303. En este frente, también hemos avanzado.
Ya hay un acuerdo entre la Dirección de la
Policía Nacional y el Alcalde para adicionar
este año 2.000 efectivos, con un alto porcentaje
destinado a labores de inteligencia para abordar
el incremento de la delincuencia organizada, que
redirecciona su accionar hacia los centros urbanos
como consecuencia de los éxitos obtenidos
en la represión del narcotráfico hacia
el exterior.
Pero no trabajamos solamente en función
del aumento del pie de fuerza, sino en su cualificación.
En enero del 2010, inicia labores la nueva Escuela
Metropolitana de Formación Policial, un proyecto
conjunto de la 'Bogotá Positiva' y la Policía
Nacional. Allí se formarán policías
nacidos en aquí con destrezas especializadas
para la megaciudad cosmopolita que es Bogotá.
La percepción de inseguridad
es un fenómeno complejo, al que contribuimos
todos, incluyendo los medios de comunicación,
como bien lo afirmó la directora de la Cámara
de Comercio. Hay un dato de la encuesta de esta
entidad que presenta su más bajo registro
desde que se inició el proyecto en 1998 y
que, paradójicamente, no ha sido reseñado.
La victimización directa, es decir, la que
mide si la persona ha sido víctima de un
delito, se redujo en 36 por ciento en el último
año, al pasar de 14 a 9 por ciento de los
encuestados. Es un dato que alienta a las autoridades
distritales y de la Policía Metropolitana,
pero que nos invita a seguir redoblando esfuerzos
para mejorar las condiciones de seguridad, que tienen
como principal elemento la confianza.
*Secretaria Distrital de Gobierno
El Tiempo, Bogotá, agosto 12
de 2009.